Cómo una serie de decisiones políticas profundizó la crisis de la discapacidad en Argentina

La crisis que hoy atraviesa el colectivo de personas con discapacidad no apareció de un día para el otro. No comenzó con el colapso de los prestadores, ni con el cierre de instituciones, ni con la desesperación de miles de familias que hoy no saben si podrán sostener los apoyos que necesitan.

Lo que estamos viviendo es la consecuencia de una serie de decisiones políticas que, una tras otra, fueron debilitando un sistema de protección construido durante décadas y poniendo en tensión el modelo social de la discapacidad consagrado por nuestro país.

Todo comenzó con una resolución que pretendía controlar tratamientos mediante códigos QR.

Poco después se publicó otra resolución que utilizaba expresiones como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" para referirse a personas con discapacidad intelectual. No fue solamente un error administrativo ni un problema de lenguaje. Fue la expresión de una mirada que parecía definitivamente superada y que volvió a colocar a las personas con discapacidad desde una lógica propia de viejos paradigmas.

Después llegaron las auditorías masivas de las pensiones no contributivas. Miles de personas fueron obligadas a demostrar nuevamente que tenían una discapacidad para conservar un derecho que el propio Estado ya les había reconocido.

Una pensión no contributiva no es un beneficio ni un privilegio. Es un derecho de protección social destinado a quienes enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Sin embargo, miles de personas fueron tratadas como si debieran justificar permanentemente su discapacidad, muchas veces mediante procedimientos sin accesibilidad, con notificaciones deficientes y enormes dificultades para ejercer su derecho de defensa.

A esa política se sumó la eliminación del subsidio nacional que financiaba los pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad. Detrás de esa decisión hay miles de personas que necesitan viajar para acceder a tratamientos de salud, estudiar, trabajar, participar de actividades recreativas, desarrollar actividades culturales, visitar a sus familias o simplemente ejercer su derecho a circular libremente por el país. Cuando se limita el acceso al transporte, no solamente se afecta el derecho a la salud: también se restringen el derecho a la educación, al trabajo, a la recreación, a la cultura, al deporte, a la vida independiente y a la participación plena en la comunidad.

Mientras tanto, el sistema de prestaciones comenzó a mostrar señales cada vez más profundas de colapso.

Prestadores que dejan de atender.

Instituciones que cierran.

Profesionales que abandonan el sistema.

Familias que pierden apoyos indispensables.

Y personas con discapacidad que ven interrumpidos tratamientos y proyectos de vida.

A esa situación se suma un problema estructural: el atraso del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas.

Durante dos años sus valores quedaron muy por debajo de la inflación y del aumento real de los costos. Aunque actualmente existan actualizaciones periódicas, estas se calculan sobre valores que ya estaban profundamente depreciados. Es decir, los aumentos no recuperan el atraso acumulado.

Mientras continúan aumentando los salarios, los alquileres, los insumos, los servicios y los costos de funcionamiento, los aranceles siguen siendo insuficientes para sostener las prestaciones.

Por eso el problema no se resuelve con pequeños incrementos mensuales.

Actualizar sobre valores atrasados no recupera lo perdido.

El sistema continúa desfinanciado y la crisis se profundiza.

En ese contexto se sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, su reglamentación fue solo parcial y gran parte de las medidas previstas aún no se implementan, mientras las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores continúan esperando respuestas concretas.

Como si todo esto fuera poco, el Gobierno presentó un proyecto denominado "Fraude en Pensiones No Contributivas por Invalidez".

No es un dato menor.

Las palabras construyen sentido.

Y cuando un proyecto de ley parte de la idea del fraude, instala sobre todo un colectivo la sospecha permanente, en lugar de fortalecer un sistema que necesita ser protegido.

Nada de esto puede analizarse como hechos aislados.

Detrás de cada una de estas decisiones existe una determinada forma de comprender la discapacidad.

Durante siglos predominó el modelo de prescindencia, que sostenía que las personas con discapacidad eran vidas sin valor para la sociedad. Bajo esa mirada, muchas eran abandonadas al nacer, encerradas, ocultadas o directamente asesinadas, porque se las consideraba una carga para sus familias y para la comunidad. Se les negaba el derecho a vivir, a participar y a existir como personas con la misma dignidad que las demás.

Más tarde se consolidó el modelo médico o rehabilitador, que dejó de justificar la eliminación de las personas con discapacidad, pero continuó ubicando el problema en el individuo. La discapacidad pasó a entenderse como una enfermedad o una deficiencia que debía corregirse, rehabilitarse o normalizarse. Las personas seguían siendo objeto de decisiones tomadas por otros y no protagonistas de sus propias vidas.

Recién con la lucha del propio colectivo surgió el modelo social de la discapacidad, que cambió completamente esa perspectiva. Este paradigma sostiene que la discapacidad no está en la persona sino en las barreras físicas, comunicacionales, institucionales y actitudinales que la sociedad impone. Por eso reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho y establece que es el Estado quien tiene la obligación de garantizar accesibilidad, apoyos e igualdad de oportunidades.

Ese cambio quedó consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, Argentina asumió el compromiso de no retroceder en los derechos conquistados y de orientar todas sus políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos.

Por eso la discusión que hoy atraviesa la discapacidad no es únicamente económica.

Lo que está en debate es el modelo de país que queremos construir.

Uno donde las personas con discapacidad vuelvan a ser vistas como una carga, un gasto o un posible fraude.

O uno que haga efectivo el modelo social de la discapacidad, reconociéndolas como sujetos plenos de derecho y entendiendo que es el Estado quien debe remover las barreras que impiden su participación en igualdad de condiciones.

La crisis actual no es producto de un hecho aislado.

Es la consecuencia de una sucesión de decisiones que fueron debilitando progresivamente un sistema de protección construido durante décadas.

Detrás de cada prestación que se interrumpe, de cada institución que cierra, de cada profesional que abandona el sistema y de cada apoyo que se pierde, hay personas, familias y proyectos de vida profundamente afectados.

La discapacidad no puede seguir siendo una variable de ajuste.

Lo que hoy está en juego no es solamente el funcionamiento de un sistema de prestaciones. Está en juego la vigencia del modelo social de la discapacidad, el respeto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el compromiso del Estado argentino con la igualdad, la inclusión y la dignidad de millones de personas.

Porque la forma en que un país trata a quienes enfrentan mayores barreras no solo define su política de discapacidad.

Define también qué clase de sociedad somos y qué democracia estamos dispuestos a defender.