Gasto récord en represión a jubilados según CELS

Los costos millonarios de reprimir jubilados en 2025 por el gobierno nacional.

El Gobierno de Javier Milei destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados durante las movilizaciones de jubilados que, cada miércoles, se concentran frente al Congreso Nacional para reclamar una mejora en sus ingresos.

Así lo señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que elaboró un informe a partir de información oficial proporcionada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.

Un relevamiento del CELS, basado en información oficial del Ministerio de Seguridad, señaló que el Gobierno destinó más de $2.000 millones a los operativos desplegados frente al Congreso durante 2025. El informe también detalló el costo promedio de cada intervención y el saldo de personas heridas y detenidas.

Elementos centrales del informe de CELS

Plan de ajuste sobre el pueblo

Mientras el Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre jubilaciones, salarios, educación y salud pública durante 2025, el Ministerio de Seguridad destinó más de $2.000 millones a los operativos de las protestas de jubilados frente al Congreso, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaborado con datos oficiales.

El relevamiento indicó que las fuerzas federales participaron de 43 operativos entre enero y diciembre, con un promedio de 915 efectivos por jornada. En esas intervenciones actuaron integrantes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval.

De acuerdo con la información oficial, cada operativo demandó un gasto promedio de $48.535.094, cifra que contempló combustible y equipamiento. Sin embargo, el CELS sostuvo que el monto informado no reflejó el costo total de los despliegues.

«Esta cifra es conservadora», señaló la organización. Además, explicó que «el calculó queda muy por debajo del costo real si se añaden, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados», datos que el Ministerio de Seguridad no informó.

El operativo más costoso

El informe identificó al 12 de marzo de 2025 como la jornada con mayor despliegue de recursos. Ese día participaron 1.266 efectivos y durante la represión resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno.

Por ese hecho quedó procesado el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado por los delitos de «lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función» y «abuso de armas agravado». La investigación también busca determinar las responsabilidades dentro de la cadena de mando.

Represión en vez de jubilaciones  dignas

El CELS comparó el gasto destinado a los operativos con los ingresos previsionales. Según el informe, los más de $2.000 millones equivalieron a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido, calculadas sobre el promedio de 2025.

Del total informado por el Ministerio de Seguridad, $35 millones correspondieron al combustible utilizado por las fuerzas federales, mientras que el 96% restante se asignó a gastos de equipamiento de la Policía Federal, sin mayores precisiones oficiales sobre esos conceptos.

Heridos, detenidos y policías procesados

El relevamiento también sostuvo que 28 de las 43 manifestaciones terminaron con represión. Las organizaciones que monitorearon las protestas registraron 149 detenciones consideradas arbitrarias y al menos 501 personas heridas, con lesiones provocadas por balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Apenas cuatro procesados

Cuatro son los efectivos de fuerzas de seguridad procesados por su accionar: el gendarme Héctor Guerrero, quien disparó de forma prohibida el cartucho de gas lacrimógeno que dejó gravemente herido a Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Martínez, como autor del disparo de proyectil de un rifle Byrna que le provocó a Jonathan Navarro la pérdida de la visión de su ojo izquierdo; el inspector de la Policía Federal, Nicolás Céspedez, por las lesiones a Beatriz Blanco, jubilada de 82 años a quien empujó frente al Congreso.

Estos tres hechos sucedieron durante la represión a la manifestación del 12 de marzo de 2025. También fue procesado el policía de la Federal Cristian Rivaldi, quien le arrojó gas pimienta a una nena de 10 años durante la marcha de jubilados del 11 de septiembre de 2024.

Conclusiones del informe y perspectivas

En sus conclusiones, el CELS cuestionó la política oficial frente a las manifestaciones. «El gobierno Nacional no garantiza el derecho a reclamar ante las autoridades y a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos.

Cada miércoles se destina cientos de efectivos para reprimir a jubiladas, jubilados y quienes los apoyan. El reclamo es por la pauperización de sus condiciones de vida, el ajuste selectivo, la privación de alimentos, la privación de medicamentos y salud, el aumento del costo de vida», afirmó el organismo.

Consultado el organismo de Derechos Humanos (CELS) por AGENCIA PACO URONDO expresaron:

“Realizamos dos pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre los operativos que cada miércoles despliegan las fuerzas de seguridad federales, cuando jubilados y jubiladas se manifiestan en la zona del Congreso. El primero fue en mayo de 2025 y el segundo en marzo de 2026”.

“Pedimos que informe: - Efectivos, carros hidrantes, motos y móviles desplegados por cada fuerza. - Cantidad y tipo de armamento utilizado por cada fuerza. - Costo de cada operativo, discriminando costos de personal, vehículos, equipos, logística y otros gastos asociados (como combustible), de cada fuerza. El Ministerio sólo respondió sobre cantidad de efectivos y costos de cada operativo”.