ANDIS: buscan un PEN DRIVE con $158.717.131.557,63.

Una auditoría oficial encontró una diferencia de $158.717 millones en las cuentas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras la Justicia intenta determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y una nueva testigo promete aportar grabaciones, el expediente empieza a contar una historia que ya no depende solamente de una conversación filtrada.

Hay números que necesitan una explicación. Otros necesitan varias.

$158.717.131.557,63.

No es una estimación opositora. No es una cifra surgida de uno de los audios que desde hace más de un año circulan alrededor del caso. Es la diferencia que encontró una auditoría realizada por la propia intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad entre dos registros internos de deuda exigible.

Ciento cincuenta y ocho mil setecientos diecisiete millones de pesos.

La precisión de los centavos vuelve casi obscena la magnitud del número.

La auditoría estudió lo ocurrido en la ANDIS hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en que Diego Spagnuolo fue desplazado de la conducción del organismo después de la difusión de las grabaciones que dieron origen al escándalo. Comparó los datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Las cuentas no cerraron.

La diferencia fue esa.

Y entonces aquella historia que comenzó con unas voces grabadas empezó a adquirir otra materialidad.

Expedientes.

Órdenes de compra.

Medicamentos.

Proveedores.

Pagos.

Deudas.

El precio de una enfermedad

La Justicia investiga desde hace meses si dentro de la ANDIS funcionó un sistema de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y retornos. El fiscal Franco Picardi puso especialmente la mirada sobre procedimientos de compra de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

La hipótesis judicial habla de coimas que podían alcanzar el 20 por ciento. Esa hipótesis todavía debe probarse en juicio.

Pero algunos precios ya están escritos.

La auditoría conocida ahora consigna, por ejemplo, el caso del Macitentan: un medicamento que durante noviembre de 2024 apareció a $411.764 en compulsas abiertas y llegó a adjudicarse por casi $8,3 millones mediante compulsas reducidas.

Mismo medicamento.

Mismo mes.

Otro procedimiento.

Otro precio.

Quizás haya una explicación administrativa.

La Justicia tendrá que encontrarla.

$479.504 millones

Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, según la documentación de la auditoría difundida públicamente, los pagos por medicamentos e insumos alcanzaron aproximadamente los $479.504 millones.

La empresa que recibió el monto más elevado fue Suizo Argentina: $108.258 millones correspondientes a medicamentos PACBI.

La empresa sostiene que sus actividades son lícitas y niega cualquier vinculación con las maniobras investigadas.

Es una aclaración necesaria.

También lo es otra.

Diego Spagnuolo sostiene, a través de su defensa y de personas de su entorno, que no elegía proveedores, no invitaba oferentes, no evaluaba precios ni adjudicaba órdenes de compra. Daniel Garbellini, quien estaba al frente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, negó ante la Justicia la existencia de un desvío de fondos y rechazó haber participado de un esquema de sobreprecios.

Los dos están procesados en la investigación judicial.

Una causa penal no se resuelve contando sospechas.

Se resuelve probándolas.

Y eso es precisamente lo que ahora está ocurriendo.

Las voces

El escándalo había comenzado por otro lado.

Por una voz.

Los audios atribuidos a Spagnuolo describían presuntas irregularidades dentro de la Agencia y mencionaban, entre otras personas, a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La aparición de esas grabaciones desencadenó la crisis política y posteriormente la investigación judicial.

Spagnuolo no era un funcionario remoto dentro de la administración nacional. Había sido abogado de Javier Milei y los registros oficiales contabilizaron 38 ingresos suyos a la Quinta de Olivos entre 2024 y 2025. También mantuvo reuniones en Casa Rosada con “Lule” Menem.

Pero una grabación periodística no es una sentencia judicial.

Por eso el origen y la autenticidad de los audios importan.

Y allí apareció otro problema.

Gendarmería analiza 58 archivos incorporados al expediente. Los peritos detectaron además la presencia de voces diferentes de la atribuida a Spagnuolo en algunas grabaciones.

En septiembre ocurrió algo todavía más extraño.

Los especialistas habían considerado inicialmente que uno de los archivos —de tres minutos y once segundos— reunía condiciones para realizar una comparación biométrica con la voz de Spagnuolo.

Después cambiaron de criterio.

Determinaron que no era apto.

La decisión produjo diferencias entre los especialistas que intervienen en el peritaje y dejó suspendido, por el momento, ese cotejo. La DATIP evalúa realizar su propio estudio.

La pericia, sin embargo, continúa siendo relevante por otra razón: debe determinar también si las grabaciones presentan ediciones, manipulaciones o alteraciones mediante inteligencia artificial u otros procedimientos.

Spagnuolo intentó frenar ese examen.

La Justicia rechazó su planteo.

Y apareció una mujer en Bolivia

Cuando parecía que la discusión quedaría encerrada entre peritos, teléfonos y archivos digitales, apareció otro nombre.

Nadia Beller.

Es la expareja de Fernando Cerimedo, antiguo asesor vinculado al espacio libertario. Beller se encuentra en Bolivia y sobrevivió a un ataque a tiros por el que Cerimedo está detenido preventivamente, acusado allí como presunto autor intelectual de un intento de femicidio.

Su historia pertenece a otro expediente y debe tratarse separadamente.

Pero Beller afirma poseer información relacionada con el caso ANDIS.

Más precisamente, grabaciones.

Sostiene que sabe quiénes filtraron los audios de Spagnuolo y que conserva conversaciones grabadas con Cerimedo relacionadas con el asunto.

La Justicia argentina decidió escucharla.

El fiscal Picardi dispuso que declare como testigo el próximo 23 de septiembre, mediante videoconferencia desde Bolivia. Según la información conocida hasta ahora, Beller entregó su teléfono a la fiscalía boliviana y la Justicia argentina buscará determinar si el material que dice poseer tiene valor para la causa.

No sabemos todavía qué contienen esas grabaciones.

Conviene escribirlo así.

Porque en una investigación judicial existe una diferencia fundamental entre decir que alguien tiene una prueba y comprobar que efectivamente la tiene.

Faltan dos días para empezar a saberlo.

El expediente empieza donde terminan los audios

Durante meses fue posible reducir el caso ANDIS a una discusión cómoda: si los audios eran auténticos o falsos; si estaban editados; quién los había grabado; quién los había filtrado; por qué habían aparecido.

Pero mientras esa discusión ocupaba las pantallas, los expedientes seguían acumulando números.

$158.717 millones de diferencia entre registros internos de deuda.

$479.504 millones pagados en medicamentos e insumos durante el período auditado.

$108.258 millones recibidos por un solo proveedor.

Un medicamento registrado a $411.764 en un procedimiento y adjudicado por casi $8,3 millones en otro durante el mismo mes.

Ninguna de esas cifras demuestra por sí sola que haya existido una coima.

Pero todas merecen una explicación.

La Justicia deberá determinar responsabilidades individuales, establecer si existió delito y decidir qué parte de las acusaciones puede sostenerse con pruebas. Los imputados conservan su presunción de inocencia y las defensas discuten distintos aspectos de la investigación.

Eso corresponde a los tribunales.

Hay otra pregunta, sin embargo, que no necesita esperar una sentencia para ser formulada.

La Agencia Nacional de Discapacidad administraba recursos destinados a personas que necesitaban medicamentos, prótesis, tratamientos e insumos para vivir con un poco menos de dificultad.

Si la diferencia de $158.717.131.557,63 tiene una explicación administrativa, habrá que conocerla.

Si los precios extraordinariamente diferentes tienen una explicación, habrá que escucharla.

Si las grabaciones son falsas o fueron manipuladas, habrá que demostrarlo.

Si son auténticas, habrá que saber quién hablaba, con quién hablaba y de qué hablaba.

Y si Nadia Beller posee realmente nuevas pruebas, dentro de dos días comenzaremos a conocerlas.

Porque finalmente ése es el inconveniente de los números.

Pueden esconderse durante un tiempo detrás de una sigla, de una dirección administrativa, de un expediente o de una orden de compra.

Pero tarde o temprano alguien hace la suma.

Y entonces faltan $158.717.131.557,63.

No es todavía una condena.

Es una pregunta.

Y es demasiado dinero para dejarla sin respuesta.

Solo falta que le digan al pueblo que se les perdió un PEN DRIVE con ese dinero.