La Justicia restringe la salida del país de Manuel Adorni mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, dispuso que el exfuncionario no podrá abandonar el país sin autorización judicial previa, una medida cautelar que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación.

La investigación judicial sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este sábado un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, dispuso que el exfuncionario no podrá abandonar el país sin autorización judicial previa, una medida cautelar que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación.

La decisión se conoció pocos días después de la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete y a su cargo en el directorio de YPF, en medio del creciente escándalo por las denuncias sobre la evolución de su patrimonio durante su paso por el Gobierno de Javier Milei.

Una restricción, pero no una prisión preventiva

La resolución judicial no implica una detención ni una prohibición absoluta para viajar. En cambio, establece que cada vez que Adorni pretenda salir del país deberá solicitar autorización a la Justicia, que evaluará si el viaje resulta compatible con la continuidad de la investigación.

La medida fue adoptada luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita descartara la existencia de elementos suficientes para ordenar una prisión preventiva. El fiscal entendió que Adorni posee arraigo, domicilio conocido y bienes en la Argentina, por lo que no existirían elementos objetivos para presumir un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, el propio Ministerio Público impulsó una batería de nuevas medidas de prueba y consideró razonable que cualquier viaje al exterior sea previamente controlado por el juzgado.

Una investigación que se profundiza

Lejos de cerrarse, la causa parece ingresar en una etapa de mayor intensidad.

Entre las nuevas medidas ordenadas figuran requerimientos a plataformas de intercambio de criptoactivos, pedidos de información sobre movimientos bancarios, compras realizadas mediante plataformas digitales, operaciones inmobiliarias y documentación vinculada a distintos gastos patrimoniales. Los investigadores también buscan reconstruir el circuito financiero de diversas operaciones realizadas durante los años en que Adorni ejerció funciones públicas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Justicia intenta determinar si el incremento patrimonial del exfuncionario resulta compatible con sus ingresos declarados o si existen activos cuyo origen no haya podido ser justificado. La investigación continúa y, como en toda causa penal, rige la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Un nuevo golpe político para el Gobierno

Aunque Adorni ya no integra formalmente el gabinete, el avance de la causa representa un nuevo foco de desgaste para el gobierno de Javier Milei.

Durante gran parte de su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política alrededor de una promesa de combatir "la casta" y erradicar la corrupción de la administración pública. Ese discurso constituyó uno de los pilares de su legitimidad electoral.

Por eso, cada investigación judicial que alcanza a funcionarios de su entorno genera un costo político adicional: no sólo compromete a personas determinadas, sino que también pone a prueba la consistencia de una narrativa basada en la superioridad ética respecto de los gobiernos anteriores.

El caso Adorni resulta especialmente sensible porque el exfuncionario fue una de las caras más visibles del oficialismo y uno de los principales voceros de las políticas gubernamentales durante más de dos años. Su posterior ascenso a la Jefatura de Gabinete reforzó esa centralidad política.